Elementos para analizar la crisis generada por el conflicto magisterial
La legalidad, para el caso de nuestro interés, será la correspondencia entre hechos, actos y documentos y la legislación vigente y aplicable. Legitimidad, en el mismo sentido, será el grado o medida en que los distintos grupos que componen nuestra sociedad, se identifican o ven reflejados sus deseos e intereses en un hecho, acto o documento. Por último, conflicto será el proceso mediante el cual un grupo, sector, ente u organización pretende imponer por la fuerza –física, legal, moral, etc.– sus intereses o deseos a otro u otros grupos o a todos los demás integrantes de la sociedad, una vez superada o rebasada la posibilidad de hacerlo mediante un acuerdo, pacto o convenio.
Estas últimas tres posibilidades se refieren a la capacidad o posibilidad de generar consenso. El uso de la fuerza, cuando se da dentro del marco de la ley, constituye coerción. Cuando se da fuera de ella, es represión. Un ejemplo de coerción es la ejecución por parte de la policía de la orden de desalojo girada por un juez competente. Un ejemplo de represión son las ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes.
En nuestro caso, la crisis generada por el conflicto magisterial, el conflicto adquiere características de crisis al menos por dos razones: por un lado, no se avizora un final pronto -no parece haber un ganador todavía- y las consecuencias de la falta de acuerdo aún no han tocado fondo, pudiendo afectar negativa e irreversiblemente a amplios sectores o grupos poblacionales (alumnados a nivel nacional, por ejemplo). Por otro lado, el conflicto abarca ya, y afecta en uno u otro sentido y en diversas medidas, a actores de otras esferas y ámbitos (fuera del Mineduc) que concurren en apoyo de uno u otro bando al mismo tiempo que para resolver cuestiones que les son propias, no necesaria ni directamente relacionadas con el origen del conflicto.
Mientras no haya ganador, aún cuando el conflicto no haya concluido, no se tendrá claro el límite temporal de la crisis. Hoy por hoy, a pesar del duro golpe recibido con el voto de falta de confianza en el Congreso y las dificultades que encara el gobierno para oponer un solo frente, tanto el Presidente como la Ministra tienen mucha munición que quemar antes de verse obligados a calar la bayoneta y cargar. Por otro lado, los maestros no han hecho uso de sus recursos habituales al máximo: la manifestación y el bloqueo de vías de comunicación, menos aún del recurso estratégico del paro o huelga.
Las consecuencias de la falta de acuerdo aún no han tocado fondo, al menos no que se sepa públicamente. Algunos ejemplos, entre los más conocidos: no hay pérdida, al menos amplia y significativa, de tiempo efectivo de clases; aún no hay caudas materiales (destrozos derivados de disturbios; pérdidas en las fronteras por bloqueos) ni humanas (despidos; heridos; muertos).
De actores de otras esferas y ámbitos es el caso, por ejemplo, del Presidente de la República y del Congreso, en particular las bancadas no oficiales –para no exagerar llamándolas de oposición-, los particulares intereses de cada quien y los intereses de los poderes fácticos que representan. Ya en este plano la esencia, el origen del conflicto, tiende a diluirse e intervienen –cuando no privan- otras agendas, dinámicas e intereses ajenos y a veces hasta contrarios a lo que haría viable una salida pronta y negociada.
Perfilar o tener claro como se perfila un ganador en este conflicto es importante para tratar de establecer –mediante escenarios- los límites temporales del conflicto, sus caudas y consecuencias y los actores de otros ámbitos y esferas que se involucrarán. Todos estos elementos se condicionan mutuamente a veces de manera crucial. Por ejemplo: de las potenciales caudas se puede prever el involucramiento de otros actores, tal es el caso de los exportadores quejándose de y el ejército desalojando a los maestros que ocupen fronteras y, de aquí, terminar de perfilar al ganador (los maestros si el gobierno cede; el gobierno si los encarcela).
No olvidemos, especialmente si optamos por la metodología de la construcción de escenarios (en lugar, por ejemplo, de la de establecimiento de tendencias) que puede desmontarse la crisis pero subsistir el conflicto y viceversa. En el primer caso, maestros y representantes gubernamentales, primero de muy alto nivel y luego solo de rango ministerial, pueden enfrascarse en largas negociaciones que no resuelvan pronto el origen del conflicto, pero permitan a los actores ajenos al mismo de manera directa, regresar a sus respectivos ámbitos y actividades cotidianas. Por el contrario, podría desactivarse el conflicto -por ejemplo con medidas drásticas que neutralicen la combatividad, convocatoria y capacidad de movilización del magisterio opositor- pero continuar o avivarse la crisis, ya en el plano de los otros actores inicialmente involucrados (gobierno y bancadas no oficiales) y por otros motivos a los cuales el conflicto magisterial solamente habría servido de catalizador.
Ya dijimos que los elementos considerados del conflicto y la crisis se condicionan mutuamente. Sin embargo, cabe recalcar el caso de las caudas y consecuencias. Es fácil suponer y se ejemplificó ya, cómo éstas pueden coadyuvar al involucramiento de actores no previstos, que amplían, dificultan y complican la resolución de la crisis y del conflicto. Pero presuponer las caudas y consecuencias también sirve para establecer los límites de las acciones que podrían y que se espera que tomen los distintos actores. Por ejemplo: ¿está dispuesto el gobierno a usar la fuerza pública contra los maestros y hasta qué punto? ¿Están dispuestos los maestros a arriesgar su libertad, dejándose apresar por bloquear una vía pública por ejemplo, o su vida en una huelga de hambre? ¿Cuánto tiempo tolerarán pasivamente los padres de familia un paro magisterial, antes de involucrarse por inducción o iniciativa propia en el conflicto y a favor de qué bando?
De los tres planos del conflicto y de la crisis que nos ocupan, tal vez el más complejo es el de los otros actores involucrados, tanto en primera como en segunda instancia: el gobierno en las personas del Presidente de la República, del Vicepresidente y el Gabinete, en general, y la Ministra de Educación en particular; el Congreso en el caso de las bancadas oficiales y no oficiales; los maestros y; los mediadores, al menos en el caso de los ya propuestos por el magisterio (el Cardenal Quezada y el Procurador de los Derechos Humanos).
El Vicepresidente no pinta más que para las fotografías y las declaraciones grandilocuentes en los actos oficiales a los que no se digna asistir el Presidente Berger. Es vox populi su falta de peso y de capacidad de maniobra dentro del Gobierno, lo cual ilustró muy bien él mismo al sugerir que renunciaría hace poco más de un año. Como sabemos es el único funcionario al que el Presidente no puede echar porque fue electo popularmente. Eso solo lo podría hacer el Congreso mediante un juicio político, escarnio al que no parece estar dispuesto a someterse. Al menos en uno de los tres ministerios que realmente pesan en el gobierno –Educación, Agricultura y Gobernación- se desconfía de él por "exjesuita y comunista", dado su pasado sacerdotal y su estrecha relación con personalidades y entidades el otrora Ejército Guerrillero de los Pobres EGP. En fin, no se llega muy lejos en una negociación con quien no decide nada.
El Presidente tampoco está muy lejos de la anterior situación. Para empezar, no entiende que no entiende. De ahí para adelante todo es pérdida, si la negociación se circunscribe a él. Pero teniendo claro lo anterior, hay que ir a dónde y con quién –en lugar del Presidente- tiene el poder y la disposición a tomar la decisión que se busca. En todo caso, no se olvide que es un finquero y oligarca y, nos guste o no, ocupa el cargo de quien tiene que validar lo que sea que se acuerde al final de cuentas. En fin, mal con él pero peor sin él y aunque más lo que lastra que lo que empuja, no hay que excluirlo.
El Gabinete podría dividirse en tres: la Ministra de Educación, el Ministro de Gobernación y el resto. La primera se juega el prestigio de toda una amplia carrera como operadora técnica e intelectual orgánica de la oligarquía del país, principalmente de sus sectores industrial y comercial. Hasta hoy no se le acusa de corrupta, pero queda claro que representa eficazmente la cultura política de sus mentores y patronos: el autoritarismo represivo y genocida. Tal vez no llegue a matar, ni mandar a matar a un maestro, pero no moverá un dedo para evitar que lo hagan otros si con ello salva la cara y logra achicar el agua de su medio hundido barco de la reforma educativa. No se olvide que no solo destacaba durante el gobierno ante la opinión pública, de hecho ya era una diva mucho antes de acceder al puesto, sino se "sonaba" como candidata vicepresidencial de la familia de polleros que patrocina su reforma. Ella está perdiendo, no solo dinero y espacio, sino el sitial político futuro construido a lo largo de toda una vida de denodado servilismo. No se espere tregua de su parte ni se confíe en su perdón. Sin embargo, su misma condición de peón la hace prescindible para sus mentores y patrocinadores y hacia allí hay que dirigir el fuego. El costo de enfrentarla directa y personalmente es complejo de estimar: si bien goza de prestigio entre las capas medias metropolitanas para arriba, no se olvide que ni ella ni ninguna de las personas que la patrocina y la asiste ha vivido jamás ni vivirá la experiencia de estudiar o que sus hijos estudien en una escuela pública. Por lo tanto, su condición de esbirra ideológica la hace preciada pero no imprescindible para los oligarcas que la auspician y carece del "sentido de vida" retórico frente a estudiantes, maestros y padres de familia del sistema público de educación.
El Ministro de Gobernación es ampliamente conocido y se sabe en todas partes que su disposición a matar o dejar que se mate supuestos delincuentes no tiene límites. Es un limpiador social orgulloso de serlo. No en balde su pasado emelenista y escuadronero. Por qué se iba a contener en coercer primero y reprimir después a maestros que delincan, por ejemplo, acuerpando una huelga ilegal, obstaculizando una carretera o una frontera o quemando llantas o una camioneta en un disturbio? No se olvide como, ufana y prepotentemente, se prendió las medallas al pecho por los muertos y desaparecidos durante el desalojo de la Finca Nueva Linda, comparando el desalojo con un enfrentamiento bélico. A este ministro en particular y al gobierno en general "les viene del norte" la "presión internacional", que igual es improbable que vaya a haber, por la violación de los derechos humanos durante la represión, incluso la muerte de maestros, si lo llegan a considerar necesario para sus fines y los de sus auspiciadores. Menos aún le importa la "presión política" que pudiera, por ejemplo, ejercer el Congreso (a los diputados no oficialistas les ha dado material como para una centena de antejuicios y nadie ha presentado ni media denuncia). Al contrario de la Ministra de Educación, su condición de esbirro –en este caso, de manera literal- lejos de jugar en su contra es una fortaleza a tener en cuenta (lo mismo que a temer): nadie está en contra la limpieza social que lleva a cabo tan flagrantemente el actual Ministro de Gobernación, al contrario, cuenta con adeptos en todas partes y niveles y ni los más radicales defensores de los derechos humanos dicen "esta boca es mía" (de hecho, el presidente de Copredeh es uno de ellos y solo le sirve de comparsa).
El resto del Gabinete, bien muchas gracias. La única excepción tal vez sea el Ministro de Agricultura quien, como operador de la misma familia de polleros que auspicia Educación y Gobernación pero no directamente involucrado en el conflicto, pudiera servir de "correo tras el frente" en última instancia, a la hora de negociar –aunque sea indirectamente- con "dos de los seis" que realmente deciden.
El Congreso puede dividirse en tres: el Presidente y su camarilla; los grupos oficialistas y los grupos no oficialistas. El Presidente es un personaje suma y duramente cuestionado dentro y fuera del Congreso, especialmente por el "oficialismo excluido" y por los propietarios de la prensa escrita de mayor circulación. Carece de un caudal estable de votos sobre la base del cual negociar y cada votación le consume un gran esfuerzo, la mitad del cual se pierde con sus "colegas" oficialistas. Su principal y tal vez único apoyo constante es el Presidente de la República.
Los grupos oficialistas se dividen tan bien o también en tres: la Gana, el Pan y los Integracionistas. Su oficialismo es producto del promedio de votos otorgados a iniciativas gubernamentales. Nada más. Salvo un "núcleo duro" en la Gana, principalmente un grupo de dizque "17", lo demás es carne en venta en cada ocasión que se juegan intereses de fondo.
Entre los grupos no oficialistas –su número es menos estable que su filiación partidaria- destacan la UNE y el FRG. La primera, en campaña y aprovechando su margen numérico, aunque limitada por la incapacidad y la inexperiencia de sus escasísimos cuadros. El FRG votando y vociferando según avancen los procesos judiciales en contra de sus integrantes y la familia del General.
Este panorama grupal puede dar la falsa impresión que dan las hordas: el aparente caos responde a una lógica bien definida y delimitada, especialmente en el caso de los diputados distritales (que los hay en todos los grupos): tienen una clientela que satisfacer si quieren reeligirse o mantener el control de fondos públicos centrales y municipales. Además, como en el caso del FRG, un importante número de sus cuadros del interior también lo es del magisterio. De ahí que no resulte extraña la vehemencia con que las demandas magisteriales encuentran eco en el hemiciclo parlamentario. De hecho, en la huelga de 2003 el apoyo del Congreso a los maestros fue UNÁNIME y refrendado por decreto (véase la amnistía aprobada al final del conflicto).
Pero, también es cierto que con plazas de maestro y escuelas y refacciones no se colman las necesidades clientelares: con todo eso no se adoquinan calles, no se equipan centros de salud, no se abren caminos, no se introduce agua potable, en fin no se hace lo que sí se puede lograr con el Pacur, Fis, Fonapaz, etc. De ahí que, salvo algunos casos muy concretos, la mayoría de diputados distritales (no digamos los de listado nacional que no se compran con obras sino en efectivo) esté dispuesto a negociar con el Ejecutivo y así lo haga.
En penúltima instancia interesan como elementos de análisis los mediadores propuestos por el magisterio. Para empezar el Cardenal Quezada Toruño que ya prestó sus buenos oficios durante el conflicto 2003. Si llegara a aceptar y ser aceptado, sería de los más interesados en que el conflicto concluya "bien": sin mayores caudas y sin mayores aumentos de salario (por la réplica que le correspondería luego a los colegios católicos). Ahora bien, Monseñor no es conocido por su pensamiento progresista y no son famosos los contratos laborales ni los sindicatos en los numerosos colegios católicos que cuentan con más de 20 maestros permanentes.
Cuando se busca un mediador se espera encontrar, entre otras cosas muy importantes como la imagen de imparcialidad y ecuanimidad, el que posea medios o recursos para hacer valer su papel y los resultados de la negociación. Un acuerdo incumplido demerita tanto el prestigio y credibilidad de las partes como de la mediación. De ahí una fortaleza de Monseñor Quezada quien cuenta, por ejemplo, con credenciales en el tema desde los inicios de la negociación de los Acuerdos de Paz y la audiencia cautiva de la feligresía para hacer foro y por esa vía ejercer presión. Pero, ¿el Procurador de los Derechos Humanos, otro de los propuestos? No solo está en duda su capacidad mediadora sino el hecho mismo de ser aceptado, al menos por el gobierno, luego de su abierta participación e injerencia a favor de los directivos magisteriales y los diputados eferregistas que los apoyaron durante la huelga 2003.
Nuestro último elemento a considerar, aunque de manera mucho más general, es el magisterio. La misma fortaleza que puede implicar su número es también una desventaja. Al menos en el 2003 les funcionó la "mayoría relativa en los puntos nodales del poder", con la abierta asistencia del aún hoy Procurador de los Derechos Humanos y el entonces Fiscal General, no demeritar para nada a la entonces bancada oficial y el resto de diputados del Congreso bajo la dirección –al menos para este caso- de Arístides Crespo del FRG. ¿Cuentan con eso hoy, más el apoyo incondicional como caja de resonancia que hicieron los dueños de la prensa de mayor circulación en aquel entonces a través de sus distintos medios y reporteros?
Sin retaguardia política en el Congreso y la PDH, sin retaguardia jurídica en el Ministerio Público y sin aparato de propaganda como fue a lo que se prestaron los dueños de la prensa en 2003, los dos principales elementos movilizadores y promotores de la convocatoria de los directivos y la combatividad de los afiliados y simpatizantes quedan en entredicho: no hay certeza de tener impunidad (que en 2003 fue hasta por decreto!) ni de ganar nada (lo que haría valer la pena el riesgo de que los encarcelen o los asesinen extrajudicialmente como a cualquier marero). Esto último porque el quid de la lucha que se plantea es una abstracción (una "reforma educativa") y no algo fácil de entender y tangible como un aumento salarial (diciendo, por ejemplo, que gana más un policía que un maestro lo que es fácil de entender y hasta termina siendo compartido por la población!).
Antes de terminar queremos llamar la atención sobre dos hechos que fácilmente dan lugar a equívocos: por un lado, el voto de desconfianza a la ministra no se lo dieron los maestros y lo pueden revertir los diputados y, segundo, cualquier negociación con actores sin legitimidad y sin poder, ya sea por parte del gobierno como del magisterio, nacerá muerta como e el caso de las convocatorias del Vicepresidente de la República y del Presidente del Congreso.
Para concluir esta rápida enumeración de elementos para el análisis de la crisis generada por el conflicto magisterial y siendo que los requerimientos para la viabilidad –política, financiera, operativa y hasta ideológica- de cualquier reforma educativa, incluida la impulsada por esta ministra, rebasa lo que pudiera comprender cualquier acuerdo Gobierno-Magisterio-Congreso, queremos dejar planteadas tres preguntas: ¿Qué es, para qué y por qué necesitamos una Reforma Educativa? ¿Y los padres de familia? ¿Y los alumnos?
