En muchos y los más importantes puestos relacionados directamente con la seguridad, el gobierno de Otto Pérez ha nombrado militares retirados. En varios ámbitos se habla de una "remilitarización" de la gestión pública, en alusión a la forma de conducción gubernamental previa a 1986. El tema es interesante porque de la percepción que se tenga de aquello (los nombramientos) y de ésto (los gobiernos militares) dependerá en gran medida la posición de unos y otros respecto de los primeros meses del nuevo gobierno y las decisiones que tomen al respecto.
Yo creo que no es el caso, es decir, que no hay tal "remilitarización". Por un lado, porque quienes ocupan numerosas e importantes posiciones gubernamentales, especialmente en el ámbito de la seguridad, son militares en situación de retiro no necesariamente vinculados entre sí institucionalmente ni organizados como cuerpo. En el mismo sentido y por otro lado, porque -por lo tanto- es un hecho que no es el Ejército, como institución, el que ocupa esos puestos, como lo fue en "aquellos" tiempos cuando la gestión gubernamental de numerosas instituciones estatales estuvo a cargo directamente de militares en activo, de alta y por lo tanto subordinados -al menos en última instancia- a los niveles superiores de mando de la institución.
Lo que sí es cierto es que siendo que comparten un origen institucional común, es lógico suponer que comparten formas de "ver las cosas" -especialmente en cuanto a la seguridad- y de "hacer las cosas", al menos en lo fundamental dada su misma formación básica y el hecho que la mayoría pertenece a generaciones o promociones de oficiales con una experiencia práctica -la guerra- análoga y distinta de la de las generaciones o promociones previas (el generalato al mando antes de 1986) y posteriores (el generalato que ascendería durante esta gestión de gobierno).
¿Bueno o malo? A saber, porque aún a la vista de los futuros resultados habría que tomar en cuenta ¿para quíen?.
